Visas rechazadas han aumentado 300%
Más trabas: Nueva ley chilena dificulta cambio de estatus migratorio
Las personas que ingresen a Chile por pasos fronterizos no autorizados contarán con seis meses para abandonar la nación y deberán solicitar algunas de las visas de residencia temporal desde algún consulado chileno, señala la nueva legislación de migración de ese país, la cual aún espera por la aprobación del presidente Sebastián Piñera.
A propósito de ser Chile uno de los países que más venezolanos ha albergado desde que se agudizó el éxodo migratorio, con un estimado de 455.494 connacionales según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, desde HispanoPost preguntamos cómo puede afectar este nuevo marco legal a los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela.
Para Patricia Rojas, internacionalista y presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, la nueva ley significa un avance. “En el entendido que la actual Ley de Extranjería data de 1975, definitivamente la nueva ley de migración hace avances en beneficios y ciertos derechos para personas extranjeras en Chile y para el país en general”.
Sin embargo, esta nueva ley podría suponer cambios en las condiciones de los venezolanos que ya están en esa nación y así lo detalló Rojas: “Los venezolanos que ya nos encontramos en Chile, en teoría, no veremos muchos cambios en cuanto la regularización migratoria. Pero sí, por ejemplo, en la posibilidad de recibir ayudas sociales de transferencias de dinero directas por parte del Estado, ya que en la nueva ley se establece un plazo mínimo de 24 meses de residencia regular en el país”.
También se plantean cambios en el desarrollo de los procesos de extranjería. “Solo podrán residenciarse de manera regular las personas que vengan con una visa consular de residencia, es decir, las personas que entren con visas consulares de turismo no podrán acceder al cambio de estatus migratorio en Chile. Si desean hacerlo, deberán salir del país para solicitar un visado de residencia, que les permita ejercer actividades lícitas correspondientes a la residencia habitual en un país, como trabajar, estudiar, etc.”, dijo Rojas.
Esta idea fue complementada por José Manuel Simons, abogado, director de Migración Diversa en Chile y activista de Venezuela Igualitaria. “La ley, en cierto modo, beneficia a las personas que ingresan de esa manera y puedan tener, finalmente, una visa consular para ingresar a Chile ya con una documentación de identidad y un permiso de trabajo. Pero llegar a eso es mucho más complicado. Son nuevas fronteras legales que se han impuesto y que ojalá con un cambio de administración pueda eso cambiar. Pienso que eso afecta el derecho humano a la movilidad y el reconocimiento al refugiado”.
¿Premio o engaño?
Simons afirmó que el rechazo de visas chilenas ha aumentado considerablemente: “Recientemente solicité a extranjería, a través de la Ley de Transparencia, la información sobre cuántas visas se han rechazado y las visas consulares con Venezuela rechazadas han aumentado 300%, es decir, han rechazado más visas que lo que supuestamente iban a favorecer a los venezolanos”.
Agregó que la nueva ley permite más amplitud en cuanto a permisos de visa o prórrogas de visas. “Los extiende por un período de nueve meses contados desde la expiración, con las respectivas multas qué hay que pagar. El Departamento de Extranjería ha implementado un montón de multas arbitrarias con distintas sentencias y la realidad es que con esta autoridad administrativa y el poder Ejecutivo actual ha resultado de una complejidad grande”.
Rojas coincide en que esta medida podría convertirse en un engaño para quienes ingresan por primera vez a Chile. “Esto afecta a las personas de nacionalidad venezolana, ya que los procesos de revisión de solicitudes de visas consulares, como la de Responsabilidad Democrática, son tremendamente lentos como hemos podido observar desde que se implementó este tipo de visado. Lamentablemente la infraestructura consular chilena no está diseñada ni preparada para un sistema de atención para visados consulares”.
La recomendación es que las personas que deseen migrar a Chile lo hagan de forma legal y previendo las consecuencias de una posible nueva ley. “Muchas personas consideran favorable, para mí no lo es, que las personas que ingresaron antes del 18 de marzo y se encuentran en situación migratoria irregular, en un plazo de 180 días contados desde que se apruebe la ley pueden solicitar un visado de residencia provisional sin ser sancionado administrativamente. Sin embargo, a las personas que están ingresando ahora les dan un permiso para que puedan salir del país sin ser sancionados y puedan pedir sus visas desde afuera. Prácticamente es una autorización para que salgan sin ser sancionados y no regresen porque, por lo general, la solicitud de visa es negada”, indicó Simons.
Otras modificaciones
Simons también explicó parte de la nueva modalidad que se ha estado empleando. “A las personas que ingresen por pasos no autorizados se les recomienda que se autodenuncien ante la policía de Chile, luego la PDI (Policía de Investigaciones) hace una especie de presentaciones sobre estas personas. Generalmente, después se emite una orden de expulsión, por lo cual se recomienda presentar un recurso de amparo, con el que se pretende desestimar esa orden de expulsión, para que la gente pueda regularizar su situación migratoria”.
Aseguró que esta nueva normativa podría beneficiar especialmente a las mujeres migrantes, pues tendrán acceso a las instituciones de Chile, sobre todo las que benefician a las mujeres embarazadas o a las víctimas de trata de personas y violencia de género o intrafamiliar. “No pueden ser expulsadas o devueltas. También protege a las mujeres que son objeto de tráfico de migrantes”.
El abogado agregó que otro de los beneficios es el principio de no devolución, principalmente de las personas refugiadas. “En caso de que no se les otorgue el reconocimiento de refugiados, se reconoce una protección complementaria de oficio. Además, no se trata como un delito el ingresar por pasos no habilitados”.
Sin embargo, aclaró que la nueva ley podría fortalecer una visión sesgada de la migración. “Es un beneficio para la visión sesgada a la migración, para el resguardo fronterizo que es muy distinto a la política pública respecto a la migración. Vienen los prejuicios de las personas enfermas, delictivas, etc. Se ha demostrado que esta política de cerrar fronteras no ha detenido el éxodo y lo que ha hecho es empujar a las personas a pasos no habilitados y a ser posibles víctimas de tráfico de migrantes. Empujándolos a un grado de amenaza y peligro mucho más grande”.