Parlamentarias del 6-D
Amenazas, ventajismo y dádivas componen maquinaria electoral del PSUV
La frase “el que no vota no come”, expresada por Diosdado Cabello en un acto electoral, resume el enfoque de la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de cara a los cuestionados comicios parlamentarios que se realizarán el próximo domingo 6 de diciembre.
Las amenazas, manipulación y ventajismo han sido denunciados por las principales organizaciones civiles encargadas de monitorear los procesos electorales en Venezuela.
Durante los simulacros, Súmate, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y el Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional constataron el uso de mecanismos de control social, como el carnet de la patria, por parte de la maquinaria del gobierno.
“La campaña previa a la elección parlamentaria 2020 no ha despertado gran ambiente electoral. Así se desprende de un estudio de observación de la campaña realizado por el OEV, junto a su red nacional de observación conformada por 395 observadores distribuidos en los 23 estados y el Distrito Capital”, señala el informe publicado por el Observatorio Electoral.
Entre los aspectos que más llamaron la atención dentro de la campaña destaca que el mayor número de actos públicos con candidatos los realizó el Gran Polo Patriótico (GPP), que agrupa al PSUV y sus aliados.
La red de observación constató que funcionarios como gobernadores y alcaldes hacen campaña a favor de los abanderados del chavismo, en violación a la Constitución Nacional (artículo 145) y la normativa electoral (artículo 221 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales) y que se ha hecho uso de espacios y recursos del Estado.
La ONG denuncia que el chavismo, apoyado en recursos del Estado, ha incurrido en dar incentivos a los electores para que voten por sus candidatos tales como: fumigaciones gratis, platos de comida, tapabocas, bombonas de gas, leña, material deportivo y transformadores eléctricos, todo para incentivar a votar por su oferta.
“Las alcaldías (59%), gobernaciones (51,7%) y empleados públicos (48,60%) están desarrollando actividades o eventos electorales a favor de la alianza oficialista. Esta es una práctica que se repite desde procesos electorales anteriores, a pesar de que el marco jurídico nacional prohíbe expresamente a los funcionarios y empleados públicos expresar parcialidades político-partidistas de ningún tipo en el ejercicio de sus cargos”, detalla el estudio.
Explica que esos mecanismos se utilizan para obligar a las personas a participar en los simulacros y en las elecciones a cambios de beneficios como alimentos de las cajas CLAP y bonos del sistema patria, en un intento de reducir la abstención que se proyecta para la jornada.
El politólogo y doctor en Ciencias Políticas, Guillermo Tell Aveledo, considera que “las reglas electorales han sido diseñadas fundamentalmente a favor del Gobierno y su partido”. “El 6 de diciembre volveremos a ver que todos los recursos del Estado estarán a la disposición del PSUV”, refiere.
Subraya que la oposición participante tendrá poco impacto en el proceso electoral porque está dividida, lo cual traerá dispersión de votos. Asegura que “el resultado está cantado” porque no son elecciones competitivas y están dirigidas a favorecer a la primera minoría del país que representa el chavismo.
Saúl Cabrera, director de la firma encuestadora Consultores 21, considera que la intención de participar en las votaciones dista del entusiasmo electoral visto en el país entre 1958 y 2012, un año antes de la muerte del presidente Hugo Chávez.
“La tradición con relación al voto fue normalmente positivo, de mucho entusiasmo. Si lo comparamos a la actualidad es terrible. El ánimo electoral está muy mermado. No hay para nada interés electoral”, puntualiza.
Cabrera revela que según el último estudio de la firma que representa más de 20 % de la población estaría dispuesto a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, convocadas por la administración de Nicolás Maduro.
Indica que en medio de la crisis que vive el país, a la población le preocupa más el tema económico que el político.